Irregularidades en el 70,24% de clínicas de rehabilitación del país
Un joven (foto), interno en la Unidad del Consep, aseguró que existen centros como el de Pascuales, donde maltratan a los pacientes.
Relacionadas
A sus 19 años, Rafael a ratos siente que ha desperdiciado su vida, pero reflexiona y dice que es joven y que está a tiempo de estudiar en la universidad “y ser alguien en la vida”.
Gran parte de su adolescencia pasó consumiendo drogas y, pese a estar internado por segunda vez, tras recaer después de –según él– “estar limpio” por tres años, el próximo 27 de febrero se graduará del colegio.
Cree que ha tenido suerte de ingresar a grupos donde una de las reglas es el no maltrato, pero asegura que ha sido testigo de cómo conocidos suyos han sufrido vejámenes en manos de supuestos rehabilitadores.
“En el sur de Guayaquil, en un centro que está en la isla Trinitaria, los cuelgan de los pies y los meten en un tanque de agua, luego les meten corriente; algunos se rehabilitan por miedo, pero cuando salen regresan con resentimientos hacia sus familiares”, comenta Rafael.
De los 205 centros, clínicas o fundaciones de rehabilitación para personas que sufren algún tipo de adicción, el 70,24% funciona con irregularidades, una de las mayores es el maltrato y agresiones físicas y psicológicas contra los pacientes.
Esta cifra surgió de un análisis hecho por varias organizaciones sociales, entre ellas Taller de Comunicación Mujer y Artikulación Esporádika, según dicen, basado en estadísticas que posee en Quito el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep).
Hasta el 2006 el último organismo tenía que regular a las clínicas de rehabilitación en el país; responsabilidad que luego pasó a controles del MSP.
Según las cifras analizadas, el porcentaje que presenta anomalías corresponde a 144 centros de internamientos. Entre los problemas más recurrentes están la falta de permisos de funcionamiento, no constan en los registros del MSP, contradicciones en los registros y lo más grave: las denuncias de maltratos físicos y psicológicos en contra de los pacientes.
Solo 61 de las clínicas (29,76%) poseen la información completa, entre ellas algunas que fueron clausuradas por denuncias y que están en proceso de tramitación de permisos.
La revisión de la información entregada por el MSP y el Consep, que correspondía a los últimos 10 años, arrojó que del 60,97% de las clínicas (125) no hay datos sobre si tienen o no el permiso de funcionamiento; 43 (20,98%) tuvieron permiso de operación alguna vez, pero ya no; cuatro centros (1,95%) funcionan sin autorización; 31 (15,12%) no tienen el documento; y dos (0,98%) se registran como que no lo necesitan.
Este Diario intentó tanto en Quito, a través del Ministerio de Salud Pública como en la Dirección del Guayas, obtener información de la situación de esos centros y los casos denunciados en las últimas semanas que incluyen la violación a una niña en un centro de Manta, Manabí, pero no fue atendido. Este hecho lo hizo público en días pasados la madre de la víctima que laboraba en esa clínica.
Para Tatiana Cordero, de Taller de Comunicación Mujer, en un gran número de estos lugares torturan a los internos por sus adicciones a las drogas, alcohol; inclinación sexual o problema de conducta.
En Guayaquil, a inicios de este mes, cinco mujeres ¬entre ellas cuatro adolescentes¬ decidieron escapar del centro de rehabilitación Recuperando la Vida, ubicado en la parroquia Pascuales, por los supuestos maltratos que recibían.
Una de las jóvenes relató que solo les daban de comer una vez al día y que las mantenían encadenadas y amordazadas; incluso, contó que las sacaban por las noches y las llevaban a centros de internamientos masculinos, donde las obligaban a bailar con los pacientes internos.
Un hombre que internó hace dos años a su hijo adolescente en un centro en el Valle de los Chillos, en Quito, relató que está arrepentido de haber ayudado indirectamente en los vejámenes que sufrió ahí el joven.
Contó que los siete meses que su hijo recibió “tratamiento” para “deshomosexualizarlo” fue maltratado. “Me arrepiento haber sido parte de una tortura contra mi hijo. Cuando me enteré quise morirme, pero no denuncié por vergüenza”, dijo el martes pasado.
Agrega que los administradores del lugar jamás le mostraron el permiso de funcionamiento y que el propietario decía que él era amigo de gente influyente y que por eso no lo necesitaba.
“Si el drogadicto o el que tiene otro tipo de problemas viene de la calle maltratado, no es dable que llegue a un centro a recibir más maltratos”, dice Manuel González, de 25 años, quien está internado en la Unidad de Tratamiento del Consep, en el norte de Guayaquil.
Asegura que hay “clínicas” donde los internos son agredidos y no ven a la familia, “aquí yo recibo visita los domingos”.
Roberto Echeverría, director de la Unidad del Consep, recuerda que más importante que intervenir en el consumo del adicto, es conocer su problemática como persona y el origen de la adicción.
“Buscamos la prehistoria del problema, que muchas veces no tiene que ver con la droga, la droga lo que hace es detonar; buscamos que ellos replanteen su vida y que vayan determinando los cambios que tienen que hacer”, indica.
De ahí que, añade, los centros dedicados a la rehabilitación deben contar con un equipo multidisciplinario, conformado por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, médicos, entre otros. “Se está vendiendo una idea falsa de que basta haber consumido droga y haberse recuperado (...) y con esta experiencia basta para que alguien inaugure un centro”.
Una de las políticas del centro que dirige y que se diferencia de la mayoría es que los pacientes entran voluntariamente. “Aquí no usamos la fuerza, consideramos que esas modalidades de intervención han fracasado; además, no es legal, porque nadie puede llevar a la fuerza a nadie a algún lugar, porque eso ya se convierte en un secuestro”.
La pésima infraestructura es otro de los problemas que tiene la mayoría de los centros de rehabilitación. Según el informe elaborado por las organizaciones sociales, de las 205 clínicas a nivel nacional, hasta el 2010, 161 (78,54%) no tenían registros sobre la condición de los establecimientos; 13 (6,34%) estaban en malas condiciones; 20 (9,76%) en situaciones regulares; y 10 (4,88%) tenían buenas condiciones. Un centro (0,48%) aparecía como clausurado.
Detalles: Centros
Valores
El internamiento en los centros de rehabilitación oscila entre 300 y 500 dólares mensuales, aparte del monto de inscripción y el costo de la ‘captura’ del paciente.
Estadía
El tratamiento dura de cuatro a seis meses, pero hay sitios en que la estadía es hasta de un año. En la mayoría los internos no ven a sus familiares durante tres meses.
EL EXTRA: 9 de Febrero del 2012
Hay 226 clínicas de “rehabilitación”, según Ministerio de Salud y Consep
¡Torturas en centros para “curar” homosexualidad!
Además, organizaciones sociales que trabajan por los derechos GLBTI denunciaron abuso sexual y hasta un caso de estrangulamiento.
Foto: Angelo Chamba
Grupos y organizaciones sociales dieron a conocer datos relacionados a centros de rehabilitación en el país.
En junio del año pasado rompió el silencio y denunció las torturas y violaciones a las que era sometida como parte del “tratamiento”, pero hasta ahora, según sus propias palabras, no se ha hecho nada a fondo para eliminar por completo a los mal llamados centros de rehabilitación.
“Lo que ofrecen esas clínicas a las personas que los contratan es que quien va estar internado ahí va a salir recuperado”, cuenta.
Su relato es escalofriante. Revela detalles sobre cómo es el trato dentro de las clínicas. Todos giran en torno a la violación de derechos humanos, vejaciones, abusos sexuales, trabajos forzados, entre otros.
“He vivido las burlas de psiquiatras y de pseudoterapeutas vivenciales. Ni siquiera son profesionales. Nos vestían de hombres, y a los hombres los vestían de mujeres con carteles en la espalda que decían: Soy prostituta y quiero... Soy tortillera...”.
Meses después de la denuncia que hiciera Paola, el Ministerio de Salud clausuró por unos días a la clínica Puente a la vida con el argumento de que poseían medicamentos caducados.
Tatiana Cordero, del Taller de Comunicación Mujer, y Cayetana Salao, del colectivo Artikulación Esporádika, sostienen que en la inspección realizada por la cartera de Estado se constató violación de derechos humanos, calabozos, privación de alimentos y torturas. Doce menores de edad salieron, otros veinte se quedaron adentro.
“Los informes del Ministerio de Salud, con respecto al cierre de esta clínica, dicen que no había ninguna irregularidad y que por la única razón que tendrían que investigar es porque existían medicamentos caducados. No porque hubiera torturas”, manifestó Salao.
Organizaciones sociales en defensa de los derechos de personas Gays, Lesbianas, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (GLBTI) reclaman al Gobierno se declare emergencia de salud a los centros de rehabilitación de carácter privado, que derive en el cierre definitivo de aquellos donde existan denuncias de torturas.
Clínicas cerradas
En el 2011, la MSP difundió que 30 centros de rehabilitación fueron clausurados. Los colectivos solicitaron dicha información encontrando que no fue ese el número de clínicas cerradas, sino 23, de las cuales 17 no constan en los registros anteriores.
“Cuando pedimos el listado de estas 17, el MSP nos entrega 4 más, que tampoco estaban registrados. Es decir, que existen en este momento en el país 226 clínicas. Y no contamos con información actualizada al 2012 porque el ministerio hasta el día de hoy no nos la ha entregado”, indicó Cordero.
Lo que más alarma a las organizaciones es que según los datos del MSP ninguno de los centros clausurados ha sido cerrado por tortura o violación de derechos humanos.
DATOS IMPACTANTES
Los colectivos sociales dieron a conocer cifras recopiladas en los últimos diez años sobre los centros de rehabilitación, así como las denuncias. Los datos recogidos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (Consep) fueron cotejados con los que manejan las organizaciones y no coinciden.
Hasta el 2010 existían 205 clínica registradas en el país. De esas, el 70.24% (144) tienen información contradictoria que refleja irregularidades o carecen de datos, el 60.97% (125) no tienen información sobre permiso de funcionamiento, 78.54% (161) no poseen información registrada sobre las condiciones de esos centros, solo el 4.88% está en buenas condiciones, 54.15% (52) no cuentan con información sobre su situación legal.
De acuerdo al MSPy al Consep, existen 27 denuncias en las provincias de Pichincha, Carchi, Loja, Manabí, Esmeraldas y Napo.
De esa misma información, hay 16 casos con denuncias, o que han estado en procesos de investigación, sobre maltrato físico y psicológico, internamiento forzado, irregularidad de profesionales, no cumplen con los requisitos, tienen funcionamiento ilegal, existe hacinamiento, abuso sexual, trabajo forzado, corrupción, falta de servicios, medicalización forzada. Incluso un caso de estrangulamiento.
Dentro de los registros de los colectivos GLBTI las denuncias son mayores, Salao y Cordero afirman que las organizaciones reciben un promedio de cuatro denuncias por mes vinculadas a abusos y maltratos.
LA HORA: 9 de Febrero del 2012
Piden emergencia en centros de rehabilitación de adicciones
POSICIÓN. Representantes de varias organizaciones hablaron ayer en una rueda de prensa.
De acuerdo con Tania Cordero, miembro del Taller Comunicación Mujeres, hasta 2010, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Consep (Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas) registraron 205 clínicas (actualmente la cifra oficial es de 220). En 144 clínicas, que representan el 70,24%, existen irregularidades o carecen de datos y sólo 61 clínicas, el 29,76%, tienen información completa.
Sobre permisos de funcionamiento, el 60,97% de las clínicas (125) no tiene información; 43 clínicas (20,98%) tuvieron permiso de funcionamiento alguna vez; 4 (1,95%) no están registradas y tampoco tienen permisos; 31 (15,12%) no tienen permiso, 2 (0,98%) se registra como que no lo necesitan.
Condiciones
De las 205 clínicas analizadas, 161 no tienen información registrada sobre la condición de los establecimientos, 13 están en malas condiciones, 20 en condiciones regulares y sólo 10 en buenas condiciones. Una aparece como clausurada.
Sarahí, coordinadora de la organización juvenil por la equidad de género, indicó que la participación del Estado ha sido inoperante.
“Queremos vivir nuestra sexualidad libremente sin temor a torturas ni represiones, no queremos clínicas que violenten los derechos humanos.
Tachi Ariola, funcionaria de la Red Radialista, agregó que el internamiento de personas con adicciones se produce con complicidad de grupos familiares y religiosos.
Denuncias
Cordero mencionó que, de acuerdo con el Consep y el MSP, se han presentado 27 denuncias en Pichincha, Carchi, Loja, Manabí, Esmeraldas y Napo. “Según la información, 16 fueron por maltrato físico y psicológico, internamiento forzado, irregularidad de profesionales, medicalización forzada e incluso existe un caso de estrangulamiento”, señaló.
Testimonio
Una madre de familia, quien no reveló su nombre, aseguró que en el centro de rehabilitación donde ella daba terapias a los familiares de las personas que sufrían adicción, su hija de ocho años sufrió una violación por parte del director.
Sin embargo, dijo, la justicia ha tardado en llegar. Ahora, el hombre que supuestamente violó a la niña permanece en una cárcel, pero antes “este hombre se consiguió certificados médicos y 23 días permaneció en una clínica privada porque se argumentaba que su condición mental estaba alterada”.
Sin sanciones
En junio de 2011, en el Parque de El Arbolito se llevó a cabo un juicio popular en contra de clínicas y centros encargados de “curar” la homosexualidad. Sin embargo, ha pasado cerca de un año y Paola, la joven denunciante, no ha tenido ninguna respuesta del Estado.
El dato
Las organizaciones mencionaron que el MSP, no clausuró 30 clínicas de rehabilitación, como anunció, sino 23. 17 no estaban en registros anteriores.
